Se hizo una propuesta para crear impuestos globales a las empresas transnacionales.

La OCDE argumenta que se agruparán a las multinacionales a un conjunto coherente de normas fiscales globales; los escépticos temen que sólo podía llevar al caos si los países adoptan las nuevas directrices en diferentes grados , o si algunos gobiernos concluyen que son demasiado blandos y toman medidas unilaterales para detener los ingresos fiscales sobre los beneficios que son obtenidos en el extranjero.

Esta misma propuesta se presentó en la reunión del G20 (noviembre 2015), aunque aún quedan muchos cabos sueltos, porque hay recovecos en estas nuevas ideas. La Tesorería de Estados Unidos acusó a Gran Bretaña y Australia de socavar este acuerdo internacional y además querer "seguir su propio camino": por ejemplo, Gran Bretaña propone un impuesto sobre los beneficios desviados a paraísos fiscales a través de "arreglos artificiales".

Los negociadores del proyecto Erosión de la base impositiva y transferencia de beneficios (Base Erosion and Profit-Shifting - BEPS) han puesto particular atención a los activos intangibles de las empresas transnacionales, como lo son las marcas, derechos de autor, patentes y demás. Muchas reducciones de impuestos brindadas por el gobierno se debe a que estas empresas tienen propiedad intelectual, y a las regalías que obtienen de ellas. Sin embargo, los beneficios fiscales obtenidos de la propiedad intelectual no van a desaparecer, de hecho la BEPS va a regular muchos de ellos.

El mayor temor que sucita este planteamiento es que las leyes que se formulen con esta propuesta sean muy laxas con ciertas empresas transnacionales; se dice que comenzó como un plan para sacar más impuestos de las grandes empresas, pero se ha transformado en una competencia entre los países sobre la localización de los ingresos. En la perspectiva opuesta, se argumenta que el proyecto de la OCDE podría provocar que se tomen medidas unilaterales impulsando la doble imposición.