Actualmente, los procedimientos de quiebra en India son lentos, puesto que se necesitan al menos 4 años para resolver uno de estos casos. Por ejemplo, la segunda aerolínea más importante de India (Take Kingfisher), que fue declarada en bancarrota en 2012, en 2015 sus acreedores apenas lograron apoderarse de una de sus sedes en Mumbai.

A diferencia de la mayoría de los otros países, India no tiene un código de bancarrota unificado, y sus tribunales tienen que interpretar una variedad de leyes que a veces entran en conflicto. Los acreedores no pueden tomar ninguna acción legal en contra de los dueños morosos, hasta el momento en que se realizaba un plan de reestructuración de la empresa, que podía llevar de 3 a 5 años.

A principios de noviembre de 2015, el Ministerio de Finanzas propuso una ley de quiebra, para resolver los conflictos de forma rápida y clara. En este proyecto se propone que exista un plazo de 180 días para resolver el destino de una empresa en bancarrota, más una extensión de 90 días en caso de que los acreedores no estuvieran de acuerdo con la resolución. Lo que reduce el plazo para que se resuelva el caso a sólo dos años.

No obstante, las leyes no se encuentran siempre a favor de los dueños de las empresas. Para ser declarado en bancarrota, y obtener derecho de protección judicial, tiene que llevar su caso ante la Junta Industrial y de Reconstrucción Financiera, un organismo gubernamental, que no actuará hasta que la firma haya perdido la mitad de su valor neto. Para ese entonces el rescate de la empresa puede ser imposible.

Si se aprueba la ley, las empresas que tienen los problemas más graves podrán salvarse, en lugar de dejarse morir lentamente. Sin embargo, el partido gobernante, Bharatiya Janata, puede tener dificultades para conseguir sus objetivos después de la derrota en las elecciones del Estado. La ley debería aportar beneficios a los propietarios de negocios y sus prestamistas, pero como siempre, la política puede ponerse en el camino de la reforma sensata