En su discurso al asumir el cargo como primera ministra del Reino Unido, Theresa May prometió mejorar las condiciones de vida de la mayoría de las familias de la clase trabajadora, en particular a partir de una revisión de las prácticas laborales y de la legislación en la materia.

A primera vista, uno podría preguntarse qué hay de malo en el mercado laboral británico si la tasa de desempleo es de sólo 4.5% –su nivel más bajo en los últimos 40 años– y la tasa de desempleo juvenil es de 15% –en otros países de Europa esta tasa es superior al 40%. No obstante, la insatisfacción es la nota común debido a que el empleo inestable ha aumentado rápidamente y el autoempleo está en su nivel más alto en la historia. Y aunque la “economía de las chambas” [gig economy] –en servicios como Uber– es aún pequeña, está creciendo de forma muy acelerada y está proliferando “como hongos”. Los trabajadores de estas áreas carecen de los beneficios que disfrutan otros y en muchos casos perciben ingresos inferiores al salario mínimo por hora, que es de 7.50 libras esterlinas (9.65 dólares).

La revisión de las prácticas laborales y de la legislación sobre el trabajo propuesta por May tiene la finalidad de suavizar las cuestiones más álgidas del mercado laboral en Gran Bretaña. Por ejemplo, esta revisión –encargada a Matthew Taylor– sugiere una armonización de los regímenes fiscales para los empleados y los auto-empleados con la finalidad de reducir los incentivos de las empresas para clasificar a sus trabajadores como auto-empleados. Asimismo, propone el pago de un salario mínimo por hora más alto para los trabajadores que no tienen una garantía contractual de trabajar por determinado tiempo; en Gran Bretaña son un millón los trabajadores con contratos de “cero-horas”, que no tienen un tiempo de trabajo garantizado. Al hacer que sea relativamente más barato para los empresarios contratar trabajadores de forma permanente, esta nueva política desincentivaría que recurran únicamente a empleados casuales.

Uno de los aspectos más esperados de la revisión solicitada por May es el que tiene que ver con la regulación de la gig economy. El análisis hecho por Taylor propone extender la legislación del salario mínimo a las personas que trabajan para empresas como TaskRabbit y PeoplePerHour. La propuesta consiste en que estas plataformas se aseguren de que un individuo promedio, que realiza una actividad con una dificultad promedio, pueda ganar al menos un salario mínimo.

Sin embargo, aunque estas innovaciones son necesarias, una solución mucho más sencilla podría aplicarse. En la legislación laboral vigente en Gran Bretaña, las personas son clasificadas como empleadas, auto-empleadas y como “trabajadores”. Quienes se ubican en esta última categoría tienen una relación menos formal que los empleados con sus empleadores, pero tienen derecho al salario mínimo y a algunos otros beneficios. Así, por ejemplo, en octubre de 2016, un tribunal laboral determinó que los conductores de Uber no eran auto-empleados sino trabajadores, y que por tanto tenían derecho a un salario mínimo. No obstante, algunos problemas al respecto son que la legislación laboral comúnmente es aplicada de forma muy pobre y deficiente, y que hay tarifas muy elevadas para los demandantes en los tribunales laborales.

Así, “muchos de los problemas del mercado de trabajo en Gran Bretaña podrían solucionarse simplemente al aplicar la legislación existente de forma más rigurosa”. Además, sería necesario –entre otras cosas– abolir las tarifas para acceder a los tribunales laborales. La revisión propuesta por Theresa May merodea sigilosamente por estas cuestiones. “Si la señora May habla en serio en lo que respecta al mejoramiento de las condiciones de la mayoría de los trabajadores, tendrá que ser más audaz”.