Miriam Lang es socióloga alemana y académica activista. Es profesora de ambiente y sostenibilidad en la Universidad Andina Simón Bolívar, en Ecuador. Su trabajo aborda la ecología política, las alternativas al desarrollo, la justicia ambiental y las perspectivas feministas y decoloniales.

Breno Bringel es docente de sociología política en la Universidad Estatal de Río de Janeiro. Sus investigaciones se enfocan en los movimientos sociales, la geopolítica crítica y las transiciones ecosociales. También estudia las relaciones entre el Norte y el Sur global y las alternativas frente al colonialismo verde.

Mary Ann Manahan es investigadora y activista feminista filipina, vinculada a la Universidad de Gante, en Bélgica. Trabaja con movimientos sociales y comunidades en temas de justicia social y ambiental, derechos de los pueblos indígenas, conservación de los bosques y gobernanza internacional.

Las sociedades enfrentan retos cada vez más complejos por el calentamiento global, la pandemia y la guerra de Ucrania. Aunque la ciencia permite medir y predecir sus efectos, las respuestas siguen siendo insuficientes. Aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero y empeoran la contaminación de los océanos, la pérdida de especies, de agua dulce y de fertilidad del suelo.

Estas crisis forman una policrisis porque están conectadas y se refuerzan entre sí. Al mismo tiempo, la democracia liberal pierde credibilidad y la desigualdad concentra la riqueza y la influencia en un puñado de personas y empresas transnacionales. En este contexto, las políticas medioambientales priorizan la acumulación de capital sobre la preservación de ecosistemas complejos y mantienen una lógica colonial al poner ciertas regiones, cuerpos y poblaciones al servicio de otras.

Consenso de la descarbonización y rentabilidad en el centro de la política medioambiental

Desde los años ochenta del siglo XX, las políticas ambientales adoptaron la lógica neoliberal y pusieron la rentabilidad en el centro. Los movimientos ecologistas defendieron normas y sanciones para quienes contaminaban, pero desde el Protocolo de Kioto de 1997 predominaron las compensaciones de carbono, los mecanismos de desarrollo limpio y los incentivos de mercado. Además, el lenguaje climático convirtió la contaminación en un asunto técnico y limitó la participación de organizaciones y comunidades.

Los investigadores Breno Bringel y Maristella Svampa llaman Consenso de la Descarbonización al modelo que busca reemplazar los combustibles fósiles por energías de bajas emisiones mediante la electrificación y la digitalización. Aunque pretende enfrentar la crisis climática, mantiene el crecimiento económico y la mercantilización de la naturaleza. Su métrica del carbono reduce el deterioro ambiental a toneladas de dióxido de carbono (CO2). Al concentrarse en una sola cifra, deja fuera la pérdida de biodiversidad, la destrucción de ecosistemas y otros daños provocados por el modelo económico dominante.

Unión Europea, Estados Unidos, China y otros países promueven este modelo como crecimiento verde. Sin embargo, reproduce un colonialismo verde al provocar desposesión ambiental en países y regiones del Sur global. La guerra en Ucrania reforzó la dependencia internacional de los combustibles fósiles, mientras las empresas transnacionales del petróleo y el gas amplían sus operaciones y exploran negocios relacionados con el hidrógeno. Por eso, activistas y académicos llaman a esta dinámica capitalismo verde o extractivismo verde.

La tecnología también permanece subordinada a la rentabilidad. En vez de proteger la vida, impulsa la explotación de hidrocarburos en zonas cada vez más riesgosas, la geoingeniería para controlar las temperaturas y el uso de inteligencia artificial para sustituir la comprensión humana de las relaciones que sostienen la vida. Por eso, grupos del Sur global cuestionan las transiciones ecológicas impulsadas por las grandes potencias, aunque sus denuncias no siempre son escuchadas.

Un Sur global invisibilizado para ser apropiado

En las discusiones sobre la transición ecológica, las economías del Norte global suelen ocupar el centro, mientras los países y regiones del Sur global quedan fuera. De allí provienen los minerales, la tierra y el agua necesarios para los coches eléctricos, las instalaciones solares y eólicas, el hidrógeno y la digitalización. Mientras los gobiernos hablan de alianzas verdes y materias primas sostenibles, no explican cómo evitarán el extractivismo ni las relaciones desiguales entre el Norte y el Sur. Su prioridad es obtener los recursos necesarios para competir por el liderazgo económico.

En la selva tropical de Ecuador, la demanda china de madera de balsa para construir turbinas eólicas impulsa la deforestación. En Sudáfrica, las instalaciones de hidrógeno para exportar energía afectan a comunidades dedicadas a la pesca y la agricultura. En el Magreb, región del norte de África, los grandes parques solares ocupan tierras y fuentes de agua utilizadas por pastores para producir energía destinada a Europa. En la región sudamericana conocida como triángulo del litio, la minería reduce el acceso al agua de comunidades que viven en zonas con escasas fuentes.

El llamado colonialismo verde adopta cuatro formas principales.

Primero, exige materias primas para garantizar la seguridad energética.

Segundo, impone áreas de conservación y compensaciones de carbono en territorios del Sur, mientras permite que las economías del Norte retrasen cambios en sus industrias contaminantes.

Tercero, convierte al Sur en destino de residuos tóxicos y electrónicos.

Cuarto, lo transforma en un mercado para vender tecnologías renovables a precios elevados, lo que mantiene el intercambio desigual.

Otra forma de apropiación consiste en presentar algunas zonas rurales como espacios vacíos, aunque allí vivan comunidades y existan conflictos por la tierra y el agua. Al describir esos territorios como si nadie los habitara, gobiernos y empresas justifican la construcción de parques eólicos y centrales de hidrógeno y facilitan la apropiación de tierras y recursos. Así, el colonialismo, el patriarcado y el capitalismo continúan organizando territorios para la acumulación y otros para el saqueo. El sociólogo peruano Aníbal Quijano llamó colonialidad del ser, del poder y del saber a la permanencia de jerarquías coloniales que determinan qué personas, territorios y conocimientos reciben reconocimiento y protección, y cuáles pueden ser explotados.

Frente a este escenario, la transformación ecosocial requiere visibilizar estas realidades y escuchar las voces, redes y movimientos del Sur global. No puede existir justicia ambiental sin justicia social, racial, de género, ecológica, interétnica e interespecies. También es necesario reducir de forma planificada el consumo total de energía y materiales, sobre todo en el Norte global, y repartir de manera justa los recursos necesarios para vivir dentro de cada país y entre las distintas regiones. Esta reducción planificada del consumo se conoce como decrecimiento y exige cambiar profundamente la producción, el abastecimiento y el consumo.

La colonialidad climática como última etapa del colonialismo verde

El colonialismo verde tiene sus raíces en la expansión colonial europea. Según el historiador ambiental Richard Grove, desde entonces el capital buscó ampliar sus mercados y controlar nuevas fuentes de materias primas. La minería de Potosí, ciudad de la actual Bolivia, ejemplifica el vínculo entre colonialismo, extracción y expansión capitalista.

Con el tiempo, las potencias coloniales combinaron la destrucción ambiental con discursos de conservación. En África y Asia, el dominio británico destruyó bosques, culpó a las poblaciones locales y después creó políticas para controlar esos territorios en nombre de la protección ambiental. La conservación también permitió ampliar el control estatal sobre los bosques, la tierra, el clima y los sistemas de riego. El dominio tecnológico reforzó este proceso. La construcción de canales, presas y obras hidráulicas sustituyó sistemas comunitarios de gestión del agua por estructuras controladas por los gobiernos y el capitalismo.

Así, el colonialismo modificó los territorios y también la relación de las comunidades con el agua y sus formas de vida. Las propuestas de decrecimiento anticolonial cuestionan esta idea, reclaman reconocer la deuda ecológica y exigen que el Norte global reduzca su consumo y asuma su responsabilidad. Esta contradicción ayuda a entender la colonialidad climática o del carbono como la etapa más reciente del colonialismo verde.

Aníbal Quijano, sociólogo peruano, distinguió entre colonialismo y colonialidad. El colonialismo es el dominio formal de un territorio. La colonialidad es la permanencia de jerarquías que determinan qué poblaciones, conocimientos y territorios pueden ser protegidos o explotados. Por eso, Estados Unidos puede ejercer dominio mediante mercados globales, amenazas militares y mecanismos políticos, legales y culturales, sin ocupar formalmente otros países.

Algunos sectores del Sur global que se presentan como antimperialistas defienden la explotación petrolera para proteger el interés nacional o garantizar el desarrollo. Así, la oposición al imperialismo puede terminar justificando la destrucción de ecosistemas y comunidades internas.

¿Cómo superar el colonialismo verde?

Superar el colonialismo verde exige denunciar sus falsas soluciones y construir alternativas desde las comunidades y los territorios. Estas incluyen la justicia ambiental y climática, el decrecimiento, entendido como la reducción planificada del consumo de energía y materiales, y las experiencias ecológicas de base, es decir, proyectos organizados por comunidades fuera de los intereses empresariales, como la energía comunitaria, la agroecología, los huertos urbanos y las economías alternativas. Estas luchas deben conectarse con procesos similares en otras regiones para compartir estrategias y alcanzar una dimensión global.

La justicia global también requiere reconocer que el colonialismo verde no solo se impone desde las potencias del Norte. En el Sur global existe un colonialismo interno, impulsado por alianzas entre élites nacionales, gobiernos y empresas transnacionales que promueven proyectos extractivos. Por eso, es necesario vincular las voces críticas del Norte con las luchas sociales y ambientales del Sur. Una transición ecosocial debe transformar la cultura, la economía, la política y la relación con la naturaleza. No puede reducirse a sustituir una fuente de energía por otra ni limitarse a una promesa futura.

En el plano institucional, los Nuevos Pactos Verdes plantean que los gobiernos dirijan la transición energética en lugar de dejarla en manos del mercado. Sin embargo, las alianzas entre el estado y las empresas transnacionales pueden terminar subordinando las decisiones públicas a los intereses privados. Para evitarlo, una transición justa requiere que los gobiernos mantengan capacidad de decisión, que las economías se diversifiquen y que las decisiones se descentralicen. También necesita la participación de organizaciones ecologistas y movimientos sociales.

Transiciones hegemónicas y la geopolítica del poder

Las transiciones energéticas impulsadas por Unión Europea, Estados Unidos y China buscan reemplazar los combustibles fósiles por energías renovables y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero mantienen como objetivos el crecimiento económico y un alto consumo de energía y materias primas. Kristina Dietz señala que la neutralidad climática europea depende de nuevas materias primas del Sur global. En la misma línea, Maristella Svampa muestra cómo Argentina, Bolivia y Chile compiten por el litio para baterías de coches eléctricos, lo que los mantiene como proveedores de economías más poderosas. Ambas coinciden en que la transición prioriza la eficiencia tecnológica sin reducir el consumo de recursos.

En el norte de África, el activista e investigador argelino Hamza Hamouchène explica que Unión Europea impulsa proyectos de hidrógeno verde, un combustible producido con energías renovables, en el Sahara para abastecer sus propios mercados. Aunque la energía se presenta como limpia, estos proyectos ocupan territorios y utilizan recursos locales. Por eso, generan resistencia y reproducen una forma de colonialismo energético.

El analista político estadounidense John Feffer y el sociólogo venezolano Edgardo Lander sostienen que Estados Unidos, Europa y China deben evaluarse por el daño ambiental que provocan, no solo por sus metas de reducción de emisiones. Los países más ricos trasladan parte de los costos sociales y ambientales de su consumo de energía y materias primas al Sur global. Ivonne Yánez, activista ecuatoriana, y Camila Moreno, activista e investigadora ambiental brasileña, cuestionan la idea de que una tonelada de dióxido de carbono emitida en un lugar pueda compensarse con la captura de la misma cantidad en otro.

Los proyectos de transición verde también crean zonas de sacrificio, es decir, territorios donde la producción de energía provoca contaminación y degradación ambiental, mientras las comunidades indígenas, pastoriles y agrícolas soportan las consecuencias. Frente a los plazos oficiales para reducir las emisiones, los conocimientos indígenas entienden la transición energética como una transformación que debe considerar la memoria, la experiencia y los conocimientos del pasado.

Analizando el colonialismo verde: interdependencias y entrelazamientos globales

Tras el fin del dominio colonial, la apropiación de recursos no se detuvo, ya que esta continúa mediante el comercio, las cadenas internacionales de producción, la inversión y la deuda financiera. Respecto de la deuda, las académicas y activistas ecuatorianas Miriam Lang y Esperanza Martínez, junto con el economista Alberto Acosta, analizan la deuda soberana, la deuda de los hogares, la deuda colonial y la deuda ecológica.

Estas obligaciones impulsan privatizaciones, reducen la capacidad de los gobiernos y afectan especialmente a las mujeres y a los cuerpos feminizados, sobre quienes recaen muchas tareas de cuidado y reproducción de la vida. Por eso, proponen estrategias de reparación para enfrentar los efectos de la deuda en los hogares, el medioambiente y las sociedades.

Por su parte, el estado cumple un papel contradictorio, al reproducir relaciones capitalistas, patriarcales, racistas y desiguales, pero también puede organizar políticas de transformación. Nnimmo Bassey, poeta y activista ambiental nigeriano, muestra que varios gobiernos africanos dependen de los ingresos del petróleo y de inversiones extranjeras a cambio de recursos naturales y mano de obra barata. Esa dependencia mantiene al continente en una posición subordinada. Frente a ella, propone un panafricanismo construido desde las comunidades y los movimientos sociales.

Desde el ámbito comercial, Rachmi Hertanti, abogada indonesia, explica que estas dinámicas económicas obligan a países de América Latina, Asia y África a mantenerse como proveedores de materias primas. Además, permiten que las empresas demanden a los estados cuando sus ganancias están en riesgo, lo que limita los intentos de industrialización y de control nacional sobre los recursos naturales.

A escala mundial, Mary Ann Manahan, investigadora activista feminista filipina, cuestiona el multistakeholderismo, un modelo de gobernanza mundial que incorpora a empresas privadas en decisiones ambientales sin controles democráticos suficientes para frenar impactos negativos que pudiesen ocurrir. Para superar estas relaciones se recomienda empoderar a los grupos marginados, subsanar deudas económicas, liderar transiciones energéticas por comunidades y clase trabajadora, apoyo a las instituciones democráticas en distintos niveles de gobierno, redistribución de la riqueza, los recursos y el poder de decisión.

Horizontes hacia un futuro digno y habitable

Tatiana Roa Avendaño, activista ambiental colombiana, y Pablo Bertinat, ingeniero eléctrico y académico argentino, plantean que el acceso a la energía debe entenderse como un derecho colectivo y no como una mercancía. Esto exige desprivatizar y democratizar los sistemas energéticos, y transformar el modelo de producción y consumo que sostiene el sistema energético actual.

Las propuestas de la investigadora feminista malgache Zo Randriamaro y de la feminista negra colombiana María Campo muestran cómo las comunidades pueden impulsar transformaciones ecosociales. Randriamaro destaca los ecofeminismos africanos, que vinculan la defensa de los territorios con los derechos de las mujeres y de las comunidades marginadas. Campo y el investigador-activista colombiano Arturo Escobar analizan experiencias de comunidades que enfrentan la discriminación racial y reconstruyen territorios afectados por el conflicto en el Valle geográfico del río Cauca, en Colombia. En ambos casos, el cuidado de la vida, la recuperación de la tierra y la organización comunitaria ocupan un lugar central.

La economista política feminista Bengi Akbulut desarrolla como ideas reconocer como trabajo las labores de cuidado y la producción comunitaria, distribuir la riqueza y garantizar autonomía y participación democrática. Asimismo, cuestiona que la economía se concentre únicamente en producir para el mercado. En Bangladesh, la líder campesina Farida Akhter impulsa el movimiento Nayakrishi Andolon, que reúne a más de 300 mil familias campesinas para sustituir la agricultura industrial y el uso intensivo de productos químicos por formas de cultivo que protegen la biodiversidad. El movimiento también recupera semillas y conocimientos agrícolas mediante redes comunitarias organizadas por mujeres.

Para conectar estas experiencias, los activistas y sociólogos brasileños Breno Bringel y Sabrina Fernandes proponen un internacionalismo ecoterritorial, basado en redes entre comunidades, solidaridad y cooperación entre los pueblos afectados por la deuda ecológica y las desigualdades globales. Estas propuestas no forman un modelo único para todos los territorios. Su importancia radica en mostrar que existen distintas formas de vivir con justicia y fuera de la lógica del crecimiento capitalista.