Zolan Kanno-Youngs es corresponsal de seguridad nacional, con sede en Washington. Cubre las actividades del Departamento de seguridad nacional, temas de inmigración, asuntos fronterizos, crimen transnacional y la respuesta del gobierno federal a emergencias nacionales y amenazas a la seguridad estadounidense.

El artículo retoma los documentos que un juez estadounidense hizo públicos el 4 de diciembre de 2020, respecto a una denuncia hacia los contratistas del gobierno de ese país que construyen el muro entre México y Estados Unidos. La situación comenzó cuando dos informantes acusaron a las empresas de ingresar ilegalmente a equipos de seguridad mexicanos armados para vigilar las obras en Estados Unidos. El objetivo era acelerar la construcción del muro.

Se acusó a las empresas Sullivan Land Services Co. (SLS, por su sigla en inglés) y a Ultimate Concrete of El Paso, de contratar a trabajadores que no fueron aprobados por el gobierno estadounidense y de hacer declaraciones falsas. No obstante, el artículo señala que un supervisor no identificado del Cuerpo de ingenieros del ejército estadounidense aprobó la operación. Asimismo, los informantes dijeron que Ultimate Concrete también construyó un camino que facilita los cruces ilegales de la frontera en San Diego.

El autor señala que Trump incumplió su promesa de 2016 para hacer que México pagara por el muro. Irónicamente, el gobierno estadounidense recurrió a trabajadores mexicanos para el proyecto, sin que los ciudadanos estadounidenses estuvieran al tanto.

El artículo también menciona que el impenetrable muro de Trump, al parecer no lo es: en varias ocasiones los migrantes lo cruzaron. Se apunta que la Patrulla fronteriza ha sido incapaz de impedir que los migrantes sean detenidos por el muro, sobre todo en Arizona (ver Dato crucial 1).

Uno de los guardias que trabajó como gerente de seguridad de las empresas constructoras del muro, descubrió que muchos de los empleados de la construcción y de seguridad no eran investigados ni aprobados por la Oficina de aduanas y protección fronteriza, información que fue comunicada al FBI. SLS recibió contratos por más de 1 400 millones de dólares para trabajar en varios lugares de la frontera. Lo anterior le permitió subcontratar a Ultimate Concrete. Ésta última fue la que contrató a mexicanos armados y facilitó cruces ilegales de la frontera, los que Trump se propuso evitar.

La denuncia también indica que un gerente de SLS presionó a los informantes para que no incluyeran información sobre los guardias de seguridad mexicanos en julio de 2019. Tres semanas después, uno de los informantes recibió un reporte sobre un tiroteo entre los guardias de seguridad mexicanos y otros que cruzaron la frontera para robar. Lo anterior también se reportó al Cuerpo de ingenieros del ejército. Ahí, dos de los guardias de seguridad mexicanos resultaron heridos.

Por otro lado, los informantes aseguraron que empleados de Ultimate Concrete presentaron facturas fraudulentas por los costos del muro al gobierno de Estados Unidos. Lo anterior aparece en la denuncia presentada en contra de estas empresas. También se apunta que han ocultado las verdaderas ganancias del proyecto.