Continúa el ataque de la comisaria europea de competencia Margrethe Vestager contra las empresas tecnológicas que ella considera que han reducido inadecuadamente sus pagos de impuestos. Esta vez, la comisionada europea de competencia ha exigido al gobierno de Luxemburgo que recupere 250 millones de euros de impuestos que Amazon no pagó gracias a un acuerdo que la empresa estableció con el Gran Ducado y que es considerado ilegal por la señora Vestager.

Este es el más reciente de una serie de casos en que la Comisión Europea se planta contra las empresas transnacionales –la mayor parte de ellas estadounidenses– por los privilegios fiscales de que han gozado. El año pasado, se le exigió a Irlanda que recuperara 13 mil millones de euros de impuestos no pagados por Apple.

Al igual que sucedió con Apple, la comisión consideró que Amazon recibió ayuda estatal ilegal –en el caso de esta última empresa, entre 2006 y 2014– mediante un acuerdo de reducción de impuestos emitido por la autoridad fiscal de Luxemburgo que no benefició a sus competidores y que, por tanto, atenta contra el libre mercado. A cambio, Amazon desplazó propiedad intelectual de diverso tipo hacia una sociedad en Luxemburgo que sirvió como intermediaria entre las operaciones de la empresa en Europa –cuyas oficinas centrales eran una entidad separada en Luxemburgo– y su matriz estadounidense. Esta sociedad no estaba sujeta a la legislación fiscal de Luxemburgo, pero la empresa operativa para Europa sí lo estaba.

La empresa operativa debía hacer grandes pagos por derechos de autor por el uso del nombre y la imagen de Amazon, con lo que se transfería una cantidad considerable de ganancias hacia la entidad a la que no se le cobraban impuestos. “La comisión argumenta que el nivel de los pagos por derechos de autor fue inflado y que no refleja la realidad económica. Sostiene que el acuerdo permitió a Amazon evitar el cobro de impuestos sobre tres cuartas partes de todas las ganancias por sus ventas en la Unión Europea”.

Tanto Amazon como las autoridades de Luxemburgo niegan haber cometido un delito. En Luxemburgo señalan que Amazon decidió establecer sus operaciones en ese pequeño país antes de que se aplicara ese esquema fiscal y que el tratamiento fiscal no fue una de las principales razones que llevaron a la empresa a elegir esa ubicación. Además, sostienen que la sede de Amazon en Luxemburgo no puede ser considerada un cascarón vacío, ya que tiene más de 1 500 empleados (en contraste, la sociedad de propiedad intelectual, que ya no existe más, no tenía empleados ni oficinas). Por su parte, Amazon niega haber recibido un trato especial y está considerando presentar una apelación.

Las sanciones impuestas a las empresas tecnológicas estadounidenses han provocado “tensiones trasatlánticas”. Muchos políticos estadounidenses consideran que las investigaciones fiscales emprendidas en Bruselas tienen como su motivación la envidia por la tecnología de las empresas con sede en Estados Unidos, no la búsqueda de impulsar una economía más sana. Algunos funcionarios de Washington incluso han insinuado que se trata de represalias, aunque no han hecho señalamientos claros al respecto.

The Economist considera que a los críticos de las medidas tomadas por la comisión europea de competencia no les faltan razones para oponerse a ellas. En primer lugar, porque los casos en cuestión son complejos y la ilegalidad de los acuerdos que están bajo la lupa es debatible. En segundo lugar, pocas personas negarían que las reglamentaciones fiscales que aplican para las corporaciones internacionales deben ser reformadas. En este sentido, el presidente francés Emmanuel Macron ha propuesto que a las empresas transnacionales se les cobren impuestos sobre sus ingresos y no sobre sus ganancias.

De cualquier manera, parece muy severo castigar a una empresa por un acuerdo que estuvo vigente durante 14 años con un gobierno nacional y que fue aceptado por ambas partes. Además, es probable que este tipo de medidas sólo disminuyan la confianza de los inversionistas extranjeros en Europa.

Todo parece indicar que el escrutinio de que son objeto las empresas estadounidenses aumentará en el futuro. La comisión está investigando los acuerdos fiscales entre el gobierno de Luxemburgo y McDonald’s y Fiat Chrysler, así como entre el gobierno de Países Bajos y Starbucks. Además, el caso de Apple aún dará mucho de qué hablar, pues la empresa y el gobierno de Irlanda han presentado apelaciones contra la resolución de la Comisión Europea de competencia. Y mientras todo esto sucede, la Comisión está llevando al gobierno de Irlanda a la Corte Europea de Justicia por incumplir la orden de recuperar los 13 mil millones de euros de impuestos que Apple no pagó.