Por: Yamilet A. Morales Fuentes

Durante los últimos años los conflictos socioambientales por el agua se han acentuado en México debido a la alta tasa de explotación del recurso hídrico. Al igual que muchos otros, este país se enfrenta a “una de las más grandes crisis en materia hídrica de toda su historia” (http://let.iiec.unam.mx/node/3417), la cual afecta a millones de personas.

Diversas investigaciones muestran que el núcleo del “problema del agua” reside en el acaparamiento de las fuentes por parte de grandes empresas, muchas de ellas transnacionales. Los antecedentes de esta crisis pueden ubicarse en la aprobación de la Ley de Aguas Nacionales (LAN) de 1992. El 22 de marzo de 2021, día internacional del agua, un artículo publicado en La Jornada resaltó que la legislación mexicana en materia hídrica fomenta “la compraventa del agua, la apertura a grandes intereses transnacionales, la sobrexplotación y contaminación de las aguas de la nación” (http://let.iiec.unam.mx/node/3417).

Debido al marco jurídico planteado por la LAN, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha otorgado concesiones a empresas, asociaciones civiles y personas físicas con el fin de emplear el recurso hídrico para uso agrícola, industrial y de servicios (http://let.iiec.unam.mx/node/3549). Cabe resaltar que las concesiones o asignaciones para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales que otorga la Conagua con fundamento en la LAN tienen una duración entre cinco y treinta años; además pueden renovarse por otro periodo (http://let.iiec.unam.mx/node/3448). Al respecto, Nathalie Seguin, integrante de la organización Red Mexicana de Acción por el Agua, señala que el actual desabasto que afecta a miles de familias mexicanas “es causado por un modelo de gestión de la Comisión Nacional del Agua obsoleto, cubierto por la Ley de Aguas Nacionales, el cual no contempla el líquido de manera transversal ni las necesidades de los ecosistemas” (http://let.iiec.unam.mx/node/3668).

A principios de 2021, 83% del territorio del país tenía algún grado de sequía, siendo Campeche y Tabasco las únicas entidades que contaban con agua suficiente para abastecer las necesidades de animales, plantas y humanos (http://let.iiec.unam.mx/node/3493). Aproximadamente 70% de las concesiones de agua están en manos de 2% de los usuarios. Mientras existe “una creciente disputa por el líquido”, más de 41 millones de mexicanos y mexicanas carecen de este recurso diariamente y 8.5 millones aún no cuentan con una conexión a la red de agua potable (http://let.iiec.unam.mx/node/3417).

De acuerdo con la Conagua, desde 1993 se han entregado 514 mil 684 concesiones de agua a 361 mil usuarios. El reporte titulado “Los millonarios del agua, una aproximación al acaparamiento del agua en México” de Wilfrido Gómez y Andrea Moctezuma, plantea que gracias a estas concesiones alrededor de 3 304 usuarios privados acaparan más de 13 millones de hectómetros cúbicos anuales (hm³/año) de agua, explotando 22.3% del volumen total de este recurso (http://let.iiec.unam.mx/node/3224). En otras palabras, aproximadamente 1% de los concesionarios explota una quinta parte del agua disponible en todo el país, mientras 30% de los hogares mexicanos sufren recortes o racionamientos diarios de agua y saneamiento (http://let.iiec.unam.mx/node/3549).

Más todavía, las actividades industriales acaparan las concesiones de agua, incluso en mantos acuíferos sobreexplotados. Algunas plantas mineras, refresqueras, cerveceras, embotelladoras y armadoras de autos ligeros en el país “concentran al año un volumen de líquido superior a la capacidad de almacenamiento del Sistema Cutzamala”, el cual abastece 33% del agua del Valle de México (http://let.iiec.unam.mx/node/3668). Empresas del sector servicios también cuentan con grandes volúmenes de explotación, entre ellas, Banco Azteca y BBVA, que explotan parte de los acuíferos de Ciudad de México y Guadalajara (http://let.iiec.unam.mx/node/3224).

Según datos del Registro Público de Derechos de Agua (RPDA), únicamente 20 empresas “concentran las 50 concesiones de uso industrial a las que se permite un mayor volumen de agua nacional para explotar” (http://let.iiec.unam.mx/node/3448). Dentro de este grupo de empresas destacan las paraestatales Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), y las transnacionales Proyecto H1, Ispat Mexicana, Acerlormittal, Agroindustrias del Balsas, Industrial Azucarera, Compañía Cervecera de Coahuila, Braskem Kimberly Clark y Scribe. Otras empresas beneficiadas son Coca-Cola, Bonafont, Pepsico, Nestlé, Bimbo, Bachoco y Cemex (http://let.iiec.unam.mx/node/3448).

De acuerdo con la investigación de Kennia Velázquez “En México no falta agua, sobra chatarra”, Coca-Cola, Pepsi, Danone, Nestlé, Bimbo, Aga, entre otras empresas, extraen anualmente 133 mil millones de litros de agua para producir bebidas y alimentos chatarra que, además de afectar la salud de los consumidores, provocan graves daños al medio ambiente en México (http://let.iiec.unam.mx/node/3382).

Statista, un portal de datos de mercado e información sobre consumidores, sitúa a México junto con Tailandia como los países con mayor consumo de agua embotellada en el mundo. En el caso mexicano, en promedio, cada habitante consume 274 litros de agua embotellada al año (http://let.iiec.unam.mx/node/3448). Las transnacionales Coca-Cola (Ciel), Danone (Bonafont) y Pepsico (E-pura) monopolizaron el mercado de agua embotellada al extraerla en cantidades exorbitantes, envasarla y venderla 494 veces más cara (http://let.iiec.unam.mx/node/3448).

Desde hace décadas las empresas multinacionales Danone (Bonafont), Nestlé y Keurig Dr. Pepper han explotado los manantiales de distintas localidades de Puebla, México. Estas empresas se han instalado con la promesa de “llevar desarrollo a sus pobladores” (http://let.iiec.unam.mx/node/3500). De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las localidades en las cuales se encuentran las instalaciones de las transnacionales, además de enfrentarse a la falta del recurso hídrico como consecuencia de la sobreexplotación, tienen índices de pobreza superiores a 50%. En este contexto, en marzo de 2021 algunas mujeres indígenas de la comunidad de Santa María Zacatepec, perteneciente al municipio de Juan C. Bonilla, Puebla, bloquearon la entrada a las instalaciones de Bonafont. Un mes después del bloqueo se había impedido que más de 50 millones de litros de agua fueran explotados por la empresa (http://let.iiec.unam.mx/node/3500). Recientemente los habitantes de Puebla han relacionado la aparición del socavón de más de 100 metros de diámetro en Zacatepec con la extracción excesiva de agua en la entidad (http://let.iiec.unam.mx/node/3812).

Del mismo modo, el 3 de julio de 2021 pobladores de diversas comunidades del municipio de Soyaniquilpan, ubicado al norte del Estado de México, se manifestaron frente a las instalaciones de la embotelladora estadounidense Niagara para exigir a las autoridades estatales y federales la cancelación de las concesiones. Los pobladores del municipio responsabilizan a la empresa por la sobreexplotación de los manantiales y por la escasez de agua en la región (http://let.iiec.unam.mx/node/3687).

En Veracruz, como consecuencia de los títulos de concesión de aguas superficiales y subterráneas, varias empresas y proyectos hidroeléctricos en construcción consumen más de un millón de metros cúbicos de agua de los principales ríos de la entidad, cantidad suficiente para abastecer a 25 mil personas durante un año (http://let.iiec.unam.mx/node/3499). Emilio Rodríguez Almazán, miembro de la Asociación de Iniciativas de Defensa Ambiental (LaVida), concuerda en que la LAN privilegia al sector industrial y energético para la explotación del agua por encima de la garantía de acceso al recurso como derecho humano. Asimismo, el activista ambiental sostiene que la privatización del agua es una tendencia global que beneficia a unos cuantos para seguir acumulando riquezas (http://let.iiec.unam.mx/node/3499).

En Zacatecas, la problemática es similar. En marzo de 2021, un artículo de La Jornada planteó que la entidad atravesaba por una de las peores sequías de las décadas recientes debido, principalmente, a la falta de lluvias por tercer año consecutivo. Sin embargo, la escasez del agua también estuvo relacionada con la actividad minera propia de la región. Empresas como Grupo Peñoles y Grupo México utilizan grandes cantidades de agua y la contaminan al extraer plata (http://let.iiec.unam.mx/node/3418). Además de las actividades mineras, la planta cervecera de Grupo Modelo ubicada en el municipio Calera de Víctor Rosales utiliza el agua de una de las cuencas con mayor déficit hídrico de la entidad para realizar su producción. La Asociación Mexicana de Hidráulica (AMH) asegura que el acuífero ha sido explotado y se está agotando mucho más rápido que otras cuencas desde la inauguración de la planta de Calera en 1997. Por otra parte, la Conagua plantea que 15 de los 34 acuíferos de Zacatecas están sobreexplotados (http://let.iiec.unam.mx/node/3497, http://let.iiec.unam.mx/node/3288). La escasez de agua ha afectado a miles de agricultores y ganaderos mientras que se ha señalado a la cervecera de Grupo Modelo como la responsable de la sobreexplotación del manantial (http://let.iiec.unam.mx/node/3569).

Aunado a la sobreexplotación, el Inventario Nacional de Sitios Contaminados (INSC) elaborado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), plantea que desde 2018 se contabilizaron 913 sitios contaminados por actividades mineras, de hidrocarburos, agrícolas e industriales tanto en zonas rurales como en urbanas. De igual forma, un proyecto del Programa Nacional de Remediación de sitios contaminados 2021-2024 destaca que existe un registro de 594 sitios potencialmente contaminados, entre ellos, 40 sitios de aguas subterráneas (http://let.iiec.unam.mx/node/3708).

Ante este escenario se hace evidente la sobreexplotación, la contaminación y la monopolización del recurso hídrico en diversas localidades del país. México vive una situación que no sólo es injusta, sino también insostenible: el acaparamiento del agua por parte de las empresas significa la carencia para muchas comunidades del país. Por esta razón, en los años recientes proliferan los conflictos en torno al acceso y disfrute del agua. En el artículo titulado “La problemática del agua en México”, Marisa Mazari Hiriart presenta un balance de la problemática general del recurso hídrico en el país y argumenta la necesidad de incorporar a las agendas políticas, económicas, académicas y sociales el concepto de seguridad hídrica al contemplar “la capacidad instalada en territorios específicos para asegurar el abasto de agua en cantidad y calidad para satisfacer las necesidades domésticas y productivas” (http://let.iiec.unam.mx/node/3473). En este sentido, debe primar el derecho que tenemos todas y todos los mexicanos “al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible” (http://let.iiec.unam.mx/node/3499).

Para profundizar en la problemática del agua en México y otros temas, invitamos a las y los lectores a revisar las publicaciones del sitio del LET.